Pueblos indígenas de Michoacán exigen pago de deuda histórica en participación política

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Pese que son más de 12 millones de personas que viven en pueblos originarios, carecen de voz en la mayoría de los órganos e instituciones.

José Luis Ceja Guerra / La Voz de Michoacán

Jiquilpan, Michoacán. Suplantación, olvido, rezago y otros factores han ocasionado que los pueblos originarios de este país apenas tengan alguna participación política, señaló Abundio Marcos prado, coordinador del Movimiento Indígena Nacional y Movimiento Indígena en Michoacán, quien acusó a los institutos políticos y a los entes legislativos de frenar las iniciativas que permitan mayores espacios a las comunidades indígenas. Pese a que son 28 los Distritos Electorales Federales considerados por el Instituto Nacional Electoral cómo indígenas, Abundio Marcos, señaló que, en la práctica, ni siquiera estos espacios están seguros para ser representados por integrantes de algún pueblo originario de este país De los 28 distritos electorales federales considerados como indígenas en México aseguró Abundio Marcos Prado, apenas pueden tener presencia política real en 10 de otras entidades federativas.

REDISTRITACIÓN NO CUBRE NECESIDADES

De acuerdo con el trabajo de Adriana Báez Carlos, maestra en Estudios Políticos y Sociales por la UNAM, “la redistritación electoral de 2004 configuró 28 distritos electorales con población mayoritariamente indígena, con el objetivo de propiciar la representación democrática de sus comunidades originarias. La utilización de los distritos electorales indígenas en las elecciones legislativas de 2006 y 2009 tuvo efectos poco satisfactorios”. El número de representantes indígenas que llegó a la Cámara de Diputados por esta vía fue bajo y su presencia resultó insuficiente para colocar los temas de las comunidades indígenas en la agenda legislativa nacional. La misma fuente destaca que estos distritos electorales se encuentran distribuidos en los Estados de: Chiapas, Guerrero, Estado de México, Quintana Roo San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán.

Luego de que en la primera semana de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación exhortara al Congreso de la Unión a crear la Ley Indígena que corresponde al artículo Segundo Constitucional, las comunidades indígenas en ésta y otras entidades, han sufrido un proceso de suplantación por parte de actores políticos quienes argumentan pertenecer a las comunidades y pueblos originarios para ocupar los espacios político-electorales en los 28 distritos electorales federales indígenas “En estos tiempos electorales todos quieren ser indígenas porque hay derechos como la paridad de género y el tema indígena; nosotros requerimos que en una lista de cinco aspirantes uno debe ser indígena; pero ahí es donde todos quieren ser indígenas ya nos ‘roban’ el espacio, eso es lo que está pasando”.

Es en ese contexto, señala, que algunas comunidades originarias en el marco Del proceso electoral del 2018, no permitieron la instalación de casillas ante el razonamiento de que no tendría sentido emitir su voto si no tendrían un representante indígena en los diferentes espacios de elección popular.

Esta segregación de los integrantes de las comunidades indígenas en el quehacer político se ve retratada también en los espacios administrativos o en las jefaturas de departamento; por ejemplo, en ningún municipio de la región Ciénega de Chapala existe una dependencia que atienda a las comunidades sean éstas indígenas o no.

SE ‘EMANCIPAN’ PUEBLOS ORIGINARIOS

Este abandono y, en algunos casos, la resistencia a incluir a las comunidades indígenas en los espacios de toma de decisiones a nivel municipal ha generado que en el estado de Michoacán al menos 17 comunidades originarias hayan manifestado e incluso iniciado procesos legales para independizarse de sus cabeceras municipales y buscar constituirse como municipios.

 Tarecuato, Pamatácuaro, Patamban, Ocumicho, San Felipe de los Herreros, Carapan, Naranja de Tapia Tiríndaro Santa Fe, Erongarícuaro, Pichátaro, Capacuaro, Caltzontzin, San Felipe de los Alzati, Zirahuato de los Bernal, San Cristóbal,   entro otras son las que actualmente buscan los mecanismos legales para constituirse como municipios indígenas.

Entre las complicaciones existentes, adelantó el líder indígena, se encuentra el hecho de que muchos de éstos no cumplen con parámetros necesarios.

En el año 2008 se da una modificación a la Constitución Política del Estado de Michoacán para pasar de cinco a 40 mil el número de habitantes para poder constituirse como municipio.

En el marco del proceso electoral, el líder indígena adelantó que ante la segregación y suplantación de que han sido objeto los pueblos originarios, al menos 10 de los 23 pueblos y tenencias reconocida como indígenas en Michoacán han planteado ya no permitir la instalación de centros de votación en sus demarcaciones.

SON MÁS DE 25 MILLONES DE MEXICANOS

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 25.7 millones de personas, es decir el 21.5 por ciento de la población, se autoadscribe como indígena. Mientras tanto, 12 millones de habitantes (10.1 por ciento de la población) señalaron vivir en hogares indígenas. También, el 6.5 por ciento de la población nacional se encuentra registrada como hablante de una lengua indígena, representando a 7.4 millones de personas, la misma fuente señala que “las comunidades originarias continúan siendo las más vulnerables ante la situación de desigualdad, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), el 69.5 por ciento de la población indígena, 8.4 millones de personas, experimenta una situación de pobreza, y el 27.9 por ciento, 3.4 millones de personas, de pobreza extrema. Además, el 43 por ciento de los hablantes de alguna lengua indígena no concluyeron la educación primaria, mientras que el 55.2 por ciento se desempeña en trabajos manuales de baja calificación”.

Es en este contexto que Abundio Marcos Prado quien participara en el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, destacó la necesidad del reconocimiento a la participación política de los habitantes de las comunidades originarias.

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